Resumen de noticias para empezar el año
Resumen de noticias sobre discapacidad para empezar 2019.
Reformas en el protocolo de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid, la inclusión de los escolares con discapacidad en centros ordinarios, la tasa de paro o las ayudas a la dependencia, son algunos de los temas importantes con los que arranca 2019.
La Comunidad de Madrid aprueba el nuevo Protocolo de Coordinación de Atención Temprana
El documento recoge todas las fases y procedimientos de la Atención Temprana, en cuanto a cifras, la Comunidad de Madrid contará desde enero de 2019 con 3.753 plazas, un 50% más que en 2015.
Así lo ha explicado la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, durante la celebración del Pleno del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI).
Este nuevo protocolo de coordinación facilita el acceso e intercambio de información entre todos los actores implicados en el sistema de Atención Temprana: familias, CRECOVI, los centros de atención temprana (CAT) y centros base, y las consejerías de Políticas Sociales y Familia, Educación e Investigación y Sanidad.
En este Pleno también se ha informado sobre la constitución de un grupo de trabajo para la creación de un registro único de Atención Temprana, del Plan de Formación para 2019, de la creación de un grupo de trabajo sobre logopedia y del incremento de plazas previsto desde enero de 2019.
Fuente: Madrid Actual
Objetivo del Ministerio de Educación: El 100% de los alumnos con discapacidad escolarizados en centros ordinarios.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional trabaja ya para conseguir que el 17% del alumnado con discapacidad que actualmente estudia en centros de educación especial pueda escolarizarse en centros ordinarios.
Isabel Celaá, Ministra de Educación y Formación Profesional.
Así lo anunció este martes en el Senado la ministra del ramo, Isabel Celaá, en respuesta a la interpelación planteada por la senadora de Unidos-Podemos Pilar Lima. Según Celaá, su intención es «avanzar en este salto cualitativo» y convertir estos centros específicos en «centros especializados» que puedan ofrecer su experiencia y sus recursos para apoyar la escolarización de este alumnado en centros ordinarios.
Por este motivo, Educación ha firmado un convenio de colaboración con Portugal, donde la inclusión del alumnado con necesidades especiales es prácticamente del 100%, y con la organización Plena Inclusión, que agrupa a una gran mayoría de entidades de personas con discapacidad intelectual.
Además, el ministerio trabaja en estrecha colaboración con los centros de educación especial, para aprovechar el conocimiento y experiencia de sus profesionales y las mejores prácticas puestas en marcha.
Con todo, Celaá se mostró consciente de que «será un proceso muy costoso», pues no solo «hay que convertir los centros específicos en centros de recursos especializados, sino transformar los centros ordinarios en lugares que garanticen una educación de calidad a este alumnado». Ello implica formación del profesorado, nuevas metodologías y formas de evaluación, así como supresión de muchas barreras, afirmó.
El 83% del alumnado con discapacidad y otras necesidades educativas especiales está escolarizado en centros ordinarios (el 75,5% en centros públicos y el 24,5 en centros concertados o privados). El 17% restante atiende a centros específicos, de los que un 58% son públicos y un 42% privados y concertados.
Sin embargo, la inclusión «supone un nuevo concepto» y, por eso, el anteproyecto de reforma de la Lomce incluye varias medidas para favorecer la inclusión de estos estudiantes.
Entre ellas, Celaá citó la mayor flexibilidad en las evaluaciones de final de etapa, para que los referentes de evaluación sean acordes a las adaptaciones curriculares de dichos alumnos y que, en cualquier caso, estas no les impidan obtener el título o pasar de curso; una mayor flexibilidad en el diseño curricular y en la metodología de estudio; la adaptación a las necesidades de estos alumnos en las pruebas de acceso a FP; la incorporación de un curso adicional en los programas de Formación Profesional Básica para estos alumnos, y la posibilidad de que las comunidades autónomas ofrezcan títulos de Formación Profesional Básica específicos para ellos.
Por su parte, la senadora Lima reclamó la derogación de la Lomce, que «tanto ha hecho por segregar al alumnado», y exigió que todos los estudiantes con discapacidad dispongan de los recursos de apoyo necesarios para asegurar una inclusión en centros públicos de calidad.
La tasa de paro en personas con discapacidad bajó un 2,4% en 2017
Casi siete de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar no están en el mercado laboral , la mayor parte de ellos son estudiantes o se dedican a labores del hogar, y en menor medida son jubilados o tienen una incapacidad que les impide tener un empleo.
La tasa de paro en personas con discapacidad bajó un 2,4% en 2017. Foto: Fundación AMÁS.
Son datos de la encuesta «El empleo de las personas con discapacidad. Año 2017», del Instituto Nacional de Estadística (INE), que destaca la «baja participación» de este colectivo en el mercado laboral.
Así, el pasado año, solo el 35% de las personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años) eran activas (estaban trabajando o buscando empleo), una tasa de actividad 42 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
Por comunidades autónomas, las mayores tasas de actividad se dieron en Castilla-La Mancha (45,9%), La Rioja (45,3%) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (48,9%), en tanto que las más bajas se registraron en Galicia (28,2%), Asturias (29,8%) y Canarias (30,1%).
La participación laboral, según el INE, está determinada por el tipo e intensidad de la discapacidad: oscila entre el 57,7% cuando es menor y disminuye hasta el 11,4 para un grado superior.
Las mayores tasas de actividad las tienen las personas con deficiencias auditivas (58,1%) y las menores, las personas con discapacidad intelectual (31,1%).
Por su parte, la tasa de paro del colectivo disminuyó un 2,4 por ciento y se situó en el 26,2%, 9,1 puntos por encima de la de las personas sin discapacidad.
La tasa de empleo fue del 25,9% frente al 64,4% de las personas sin discapacidad y aumentó un 0,8% respecto a 2016.
La Comunidad de Madrid incrementa en 2019 el presupuesto destinado a inclusión laboral
Según ha informado el Gobierno regional de cara al próximo año 2019, el presupuesto ascenderá a 55,3 millones de euros. Así lo ha destacado el viceconsejero de Hacienda y Empleo, Miguel Ángel García Martín, durante su intervención en la Jornada COCEMFE ‘Empresas Inclusivas. Beneficios y nuevas oportunidades en la legislación para las empresas y las personas con discapacidad’.
Según ha explicado, una primera línea de actuación se basa en la reserva de contratos públicos «para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción, que se ha fijado en un 8 por ciento del presupuesto total de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud».
Este porcentaje «se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor del acuerdo» y la segunda vertiente está vinculada al desarrollo de las medidas incluidas en la Estrategia Madrid por el Empleo, para las que se han destinado los 55,3 millones referidos.
Con estos fondos se garantizarán, por ejemplo, «los incentivos de hasta 10.000 euros para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias; las ayudas de hasta 6.500 euros para financiar los costes laborales y de Seguridad Social de preparadores laborales que prestan apoyo a los trabajadores con necesidades especiales; o las ayudas para la creación y mantenimiento del empleo en los Centros Especiales».
En este sentido, y en relación a los Centros Especiales de Empleo el Ejecutivo madrileño ha aprobado destinar 50 millones de euros a las ayudas para cubrir, en 2019, el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional de las cerca de 12.500 personas que este momento trabajan en estos centros.
Además, el año que viene también se reforzarán ayudas dirigidas a las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo y también aquellas acciones dirigidas a fomentar el autoempleo entre este colectivo, con ayudas de hasta 4.500 euros para sufragar los costes iniciales de la puesta en marcha de la actividad; y de 10.000 euros cuando se trate de incorporación de personas con discapacidad como socios en cooperativas y sociedades laborales.
El Gobierno prevé destinar 800 millones de euros a la atención a la dependencia
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado la propuesta del Gobierno de dedicar en 2019 800 millones a la atención a la dependencia, en particular «a la recuperación de la cotización de miles de cuidadoras familiares y de los niveles mínimo y acordado de la dependencia».
El Gobierno prevé destinar 800 millones de euros a la atención a la dependencia.
Aunque el sistema de atención a la dependencia atiende ya a 1.023.000 de personas, la ministra ha señalado que todavía hay una lista de espera de 269.000 personas, que tiene reconocido su derecho pero no su prestación.
Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que garantiza el derecho al sufragio de las personas con discapacidad, el Gobierno pretende avanzar en el reforma del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Registro Civil, con el propósito de consolidar el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad.
Por último, la Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha adelantado la reforma de la ley de propiedad horizontal con el objetivo de estimular obras de adaptación y de mejora de la accesibilidad.
