Miembros de Comité Ciudadanía, de Grupo AMÁS, reivindican en el Congreso de los Diputados voz y voto para las personas con discapacidad intelectual

Virginia Blanco y Óscar Arroyo, miembros de Comité Ciudadanía de Grupo AMÁS, en el Congreso de los Diputados. Foto: Grupo AMÁS.

Virginia Blanco y Óscar Arroyo, miembros de Comité Ciudadanía de Grupo AMÁS, en el Congreso de los Diputados. Foto: Grupo AMÁS.

 

Virginia Blanco y Óscar Arroyo, miembros del órgano democrático Comité Ciudadanía, de Grupo AMÁS, han participado en el acto en el Congreso de los Diputados que ha contado con la colaboración de la Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid.

 

La Cámara Baja ha sido el escenario de este acto reivindicativo enmarcado en el proyecto “Yo también cuento”, un movimiento integrado por las entidades de Plena Inclusión Madrid, a la que pertenece Grupo AMÁS.  

La entidad cuenta con un órgano de representación elegido democráticamente por las personas con diversidad funcional, se trata de Comité Ciudadanía, sus miembros reivindican con voz propia sus derechos y con esta misión Virginia Blanco y Óscar Arroyo han asistido al Congreso de los Diputados en esta importante sesión.

Ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo han asistido al Congreso de los Diputados como lo que son, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, sus reivindicaciones se han centrado en distintos temas bajo dos premisas básicas: ser sus propios representantes en los temas que les atañen y exigir su derecho al voto en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Mesa de Discapacidad en el Congreso. Foto: Grupo AMÁS.

Mesa de Discapacidad en el Congreso. Foto: Grupo AMÁS.

Reivindicaciones presentadas por los representantes ante una mesa compuesta por el presidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Jordi Xuclà (PDeCat), Joan Ruiz i Carbonell (PSC), Ignacio Tremiño (PP), Diego Clemente (Ciudadanos), Teresa Arévalo (Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú–En Marea) e Iñigo Alli (UPN),quienes respondieron a los intervinientes en las diversas cuestiones que se plantearon.

Ocho personas con discapacidad de diferentes comunidades autónomas han presentado las demandas en torno a varios  bloques:

  1. Derecho al Voto.
  2. Vida independiente.
  3. Educación inclusiva.
  4. Inclusión, participación social y política.
  5. Empleo.
  6. Mujer, sexualidad y vida en pareja.
  7. Personas con discapacidad con doble riesgo de exclusión social.
  8. Capacidad jurídica y acceso a la justicia.

 

Modificación de la Ley para garantizar el derecho al voto de las personas con diversidad funcional.

Una de las principales reivindicaciones trasladadas a los diputados ha sido la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral general, de forma que las personas con diversidad funcional tengan derecho al voto en las próximas elecciones de 2019, así como información electoral en lectura fácil y elecciones accesibles: “Más de 100.000 personas en toda España no pueden votar aún y están pendientes de lo que ustedes hagan para poder votar el año que viene”.

En este sentido la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió que las conclusiones del debate se trasladasen “a todos los grupos” para, “entre todos”, seguir “avanzando en el reto de la igualdad” como recoge la Constitución española y, en concreto, para “eliminar barreras” y “superar diferencias en todos los ámbitos”, también “en los derechos políticos de las personas con discapacidad”.

El Partido Popular se ha sumado así al planteamiento de la mayoría de partidos del Congreso y de la Asamblea de Madrid, de reformar la ley electoral para que un juez no deba autorizar, como sucede en estos momentos, el voto de las personas con discapacidad sujetas a tutela judicial.

Por su parte, Robert Martín, miembro del Comité que supervisa la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, aseguró en su intervención que “siempre debe haber un sitio” para las personas con discapacidad en las mesas de decisión, y denunció que aunque España ha ratificado la convención de Naciones Unidas “hay un largo camino por recorrer y hacerla realidad” para las personas con discapacidad.

Autonomía personal, empleo, educación y mujer.

En relación a la vida independiente, las demandas han girado en el derecho a elegir donde vivir, además de formación homologada y de calidad, como paso previo al acceso al trabajo, reclamando además el cumplimiento de las cuotas de empleo público.

En el ámbito de la participación pública y el acceso al ocio y la cultura, reclamaron el acceso libre y gratuito de la persona de apoyo para evitar el sobrecoste económico de las actividades, y entornos preparados para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del ocio en los mismos lugares que el resto de la sociedad.

Virginia Blanco y Óscar Arroyo en la puerta del Congreso de los Diputados. Foto: Grupo AMÁS.

Virginia Blanco y Óscar Arroyo en la puerta del Congreso de los Diputados. Foto: Grupo AMÁS.

Reclamaron también una educación realmente inclusiva, que no les deje fuera desde el principio, con apoyos permantentes, justos, solidarios e individualizados.

La situación de la mujer con discapacidad intelectual también tuvo su espacio en el debate, expresando el derecho de las mujeres con discapacidad intelectual a sentirse mujeres plenas y protegidas del maltrato, el abuso o de las esterilizaciones forzosas.

Los participantes pusieron de relieve la situación de las más de 60.000 personas que con más necesidades de apoyo que también tienen derechos y los de sus familias, “para que no acaben sacrificando toda su vida por la de su familiar.”

Un amplio abanico de reivindicaciones que en pleno siglo XXI aún siguen reclamando las personas con diversidad funcional, en esta ocasión la sede de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados y todas las formaciones políticas tienen la ocasión histórica de demostrar que no hay ciudadanos de primera y de segunda.