Un paseo por las noticias más destacadas
Resumen de noticias. Foto: Fundación AMÁS.
Información sobre las oposiciones convocadas para personas con discapacidad intelectual, situación del mercado laboral, dependencia y educación son los titulares más destacados.
Examen para acceder a 70 plazas para personas con discapacidad intelectual el próximo 11 de junio.
A través del Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acaba de publicar la lista de personas admitidas y excluidas en las oposiciones de empleo público para personas con discapacidad intelectual en la modalidad de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes (Ordenanza).
Estas oposiciones se convocaron con el fin de cubrir 70 plazas de personal laboral fijo en organismos oficiales de la Administración del Estado en toda España (salvo Cantabria) y están especialmente dirigidas a personas con discapacidad intelectual (que tienen una cuota obligada del 2% en las administraciones públicas).
Los listados publicados ahora en el BOE aclaran qué personas solicitantes podrán hacer el examen de oposiciones, que se convoca para el día 11 de junio de 2016, a las 11:00h. en el Edificio Príncipal de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (Avenida Complutense s/n. Madrid, Línea 6 de Metro-Ciudad universitaria, y autobuses 82 y 132).
Tanto las personas excluidas como las omitidas que no aparezcan en estas listas, disponen de un plazo de diez días hábiles (contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOE) para subsanar los defectos por los que no hayan sido admitidas o hayan sido omitidas. Las alegaciones que se presenten deberán dirigirse al Director General de la Función Pública, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, calle María de Molina, núm. 50, 28071 Madrid.
Los aspirantes que hagan la prueba del 11 de junio deberán ir provistos de bolígrafo de tinta negra o azul, y deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción, pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite su identidad.
En los siguientes enlaces se puede acceder a toda la información:
personas admitidas.
- listado provisional de personal incluidas
- listado provisional de personas excluidas
- temario de las oposiciones
Cómo en anteriores convocatorias, Plena inclusión ha colaborado con el ministerio para adaptar los temarios y la solicitud.
Profesionales orientan a jóvenes con discapacidad intelectual para encontrar trabajo.
La Fundación Carmen Pardo-Valcarce (FCPV) y la Escuela Europea de Coaching (EEC) unen sus fuerzas por segundo año consecutivo en un proyecto que relaciona a profesionales de distintas empresas y jóvenes con discapacidad intelectual, que quieren acercarse al mundo laboral.
Cada año son más los profesionales que asumen el rol de mentores ante una serie de jóvenes que no han trabajado hasta la fecha. Su labor consiste en hacer de guías y consejeros y, con este fin, reciben el acompañamiento y entrenamiento de la Escuela Europea de Coaching que les enseña a saber escuchar y orientar adecuadamente.
Por su parte, los jóvenes con discapacidad intelectual —que tienen entre 19 y 28 años— son alumnos del programa Campvs. Se trata de un curso especializado de tres años en los que la Fundación Carmen Pardo-Valcarce les acerca al mundo de la empresa. Un programa que incluye, tanto un periodo de formación como de prácticas. Actualmente, son ya cerca de noventa las personas que periódicamente se reúnen en el marco de este proyecto.
Entre las empresas que colaboran con la FCPV, y que, por tanto, promueven la participación de sus empleados en el proyecto CAMPVS, se encuentran LVMH Perfumes, Indra, Accenture, Bankinter, TH Real Estate, CISCO, Colt Technology, Fundación Mahou, Globalvia, Ecoembes, Aon, Mdtel, Santa Lucía y CBRE, entre otros.
CERMI denuncia que los trabajadores con discapacidad cobran un 16% menos de sueldo.
Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la discriminación afecta a 3,8 millones de personas con discapacidad, algo que influye especialmente a las mujeres. Según los datos oficiales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una persona con discapacidad en España perciibe un salario que es inferior en un 16% al que cobran sus compañeros haciendo las mismas funciones.
Desde esta Fundación se añade que este asunto de recibir sueldos más bajos, unido a la triste invisibilidad del trabajo doméstico, «supone a largo plazo el reconocimiento de pensiones muy inferiores a las de los hombres, lo que genera situaciones de pobreza y exclusión graves que afectan a las mujeres con discapacidad”.
(Fuente: Diario Crítico)
400.000 dependientes en listas de espera.
Nueve años después de que se aprobara la Ley de Dependencia (LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Además, desde el año 2012, más de 125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda reconocida por el Estado. Así lo certifica el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según sus datos, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia, de ellas 400.000 están en listas de espera a pesar de cumplir los requisitos para recibir las prestaciones contempladas en la ley.
En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala que la Administración General del Estado ha incumplido lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar el 50% del gasto público destinado a la dependencia. La Asociación acusa a la Administración de «abandono» y considera que el sistema de financiación es «insostenible» para los gestores autonómicos, quienes aportan el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal. La aportación de los usuarios se estima en un 20% sobre el total del gasto, lo que provoca una situación de copago, que no está al alcance de muchas familias.
(Fuente: el diario.es)
Informe del Defensor del Pueblo sobre la escolarización de menores con discapacidad.
El informe relativo a 2015 del Defensor del Pueblo evidencia que las decisiones sobre la escolarización de los niños con discapacidad en un tipo de centro educativo u otro se adoptan «con frecuencia» obviando la opinión de los padres a este respecto y que, en consecuencia, se incumple la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«El examen de las quejas formuladas por alumnos con discapacidad o por sus padres o tutores y los resultados de su tramitación, han permitido contrastar que, con frecuencia, las decisiones de las administraciones educativas continúan produciéndose al margen de las prescripciones de la convención», señala dicho informe, presentado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso y en el Senado.
El trabajo constata que, como hicieran ya sucesivos informes del Defensor, España debe todavía continuar con la tarea de la implantación del sistema de educación inclusiva, «que diversos instrumentos jurídicos internacionales definen como el más idóneo desde el punto de vista del respeto a los derechos educativos de los alumnos».
(Fuente: Servicio de información sobre discapacidad)
