Fundación AMÁS se suma a la nueva ley de Protección de la Infancia

Entra en vigor el Registro Central de delincuentes sexuales. Foto: Ministerio del Interior.

Entra en vigor el Registro Central de delincuentes sexuales. Foto: Ministerio del Interior.

En cumplimiento de la normativa, vigente desde el 1 de marzo, los trabajadores de Fundación AMÁS que están en contacto con niños, deben demostrar que no figuran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Proteger a los niños y niñas y garantizar a las familias que sus hijos están en las mejores manos, es el objetivo de Fundación AMÁS que ahora se ve reforzado con la entrada en vigor desde el uno de marzo, del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La creación de este registro fue aprobada el pasado 11 de diciembre en el Consejo de Ministros en cumplimiento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección de la Infancia, e incluye a agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes de seres humanos condenados por sentencia firme tanto en España como en otros países.

Certificado que acredita no estar en el Registro Central de Delicuentes Sexuales.

Todos los empleados de Fundación AMÁS que trabajan, o pretendan hacerlo, en cualquier actividad que conlleve contacto habitual con menores, deben presentar una certificación negativa que acredita que no están incluidos en dicho Registro. En el caso de ser ciudadanos extranjeros, deberán demostrar además que no tienen condenas penales por delitos sexuales en sus países de origen.

El ámbito de aplicación de la nueva normativa engloba a personal docente, servicios de transporte, asistencia en comedores, cuidados dentro y fuera de los centros, actividades extraescolares y ocio.
Según la nueva ley, las administraciones educativas que hayan contratado la prestación de servicios que impliquen contacto con menores, deben solicitar a la empresa una declaración responsable de que todo el personal carece de antecedentes penales por delitos sexuales.

El Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que «en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias, en colaboración con los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promoverá las adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibición» de que estos condenados trabajen con menores.

Cooperación policial internacional.

Uno de los obetivos del Registro Central de Delincuentes Sexuales es favorecer la cooperación entre policías de distintos países, ya que registros similares están ya funcionando en otras naciones europeas, como Reino Unido. Los agentes podrán acceder a los datos de agresores sexuales y pederastas condenados por sentencia firme dentro y fuera de España, solo en nuestro país 43.700 personas tienen antecedentes por este tipo de delitos.